Agustín Miranda Sotillos / Director gerente de ASAJA Ciudad Real

Estamos acostumbrados a tener que esperar años y años para que cierta normativa vea la luz. Reuniones, trámites, votaciones, más reuniones y burocracia. Legislación que, cuando es aprobada y entra en vigor, tiene que someterse a un proceso de actualización porque la realidad social ha cambiado y, con ella, las necesidades de los ciudadanos.

Sin embargo, en este último periodo político está ocurriendo justo lo contrario, el otro extremo. Ir lento a veces es malo, pero ir rápido a veces es peor. Un poder legislativo a golpe de improvisación, sin diálogo y, principalmente, sin la participación de los sectores a los que compete, puede conseguir más desaciertos que aciertos. Esto es lo que ha pasado con el registro diario obligatorio de la jornada laboral.

Entró en vigor el pasado 12 de mayo, justo dos meses después de haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Llegó al margen de las tradicionales negociaciones colectivas llevadas a cabo por los representantes de los empresarios y los trabajadores, que han sido un baluarte en el entendimiento entre la patronal y los sindicatos durante muchos años. A pesar de que el control horario tiene mucho que ver con las empresas y los trabajadores, fue impuesto por el Gobierno. Llegó además sin haber buscado, ni siquiera intentando, un consenso entre patronal y sindicatos. Esta ausencia de negociación es lo que le convierte en la norma de la divergencia, la desarmonía, la desigualdad y la distancia. No afronta de forma directa los retos que desde hace años los empresarios y esta sociedad buscan, como la competitividad y la productividad de nuestras empresas, respetando el marco legislativo laboral y el derecho de los trabajadores. Más bien quiebra la  confianza entre empresarios y empleados.

A la falta de un mínimo esfuerzo por buscar el acuerdo, esta medida se impuso, como es evidente, con muchas dudas para los empresarios. Hay que tener en cuenta que el Gobierno les ha obligado a incluir una práctica diaria sin decirles cómo y sin tener en cuenta las excepciones de toda regla: esos sectores que son diferentes y necesitan una aplicación personalizada, esos sectores que demandan ser tenidos en cuenta por sus especificidades. La ausencia de pautas concretas ha sumido a muchos empresarios del sector agrario a sentirse como conejillos de indias, sin información y sabiendo que además pueden ser sancionados económicamente.

El fin no justifica los medios, y la forma en la que se ha impuesto el registro horario es un auténtico desastre. No se corresponde con el normal funcionamiento de cómo deberían hacerse las cosas. Este Gobierno, que presume de ser dialogante, no ha escuchado las sugerencias de la patronal. Nosotros defendemos una mayor adaptación para que las empresas sean compatibles con las nuevas formas de organización del trabajo, derivadas de la globalización y la digitalización, y también para aquellas empresas que son diferentes, siempre respetando los derechos de los trabajadores y en el marco del diálogo social. Como no todos los sectores ni todas las empresas son iguales es, a todas luces, injusto imponerles pautas sin adaptación a su actividad económica.

Y si fichar está levantando ampollas, su aplicación en el campo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los empresarios agrarios en este momento. Hasta que lleguen las directrices de cómo adecuar al sector agrario el registro de horarios, desde ASAJA Ciudad Real estamos recorriendo la provincia con charlas informativas, explicando a nuestros socios los pormenores de la norma y recomendando a los agricultores y ganaderos a tener un libro de registro de todos los empleados que contemple la hora de entrada y salida.

Lo que principalmente siente el sector agrario es que esta medida haya traído más burocracia al campo, como si no tuviera ya suficiente carga; en lugar de facilitar y simplificar los trámites como estamos reclamando desde la organización agraria. Lo que nos queda es evidenciar los errores de gobernar improvisando para intentar contentar a unos cuantos a costa de todos, alzar la voz y luchar para que el Gobierno adapte esta norma lo mejor posible a cada explotación y a cada territorio, entendiendo sus circunstancias particulares y siempre que estas medidas puedan ser viables.